Sacaron el maíz

En ese contexto es que se sembró el maíz. Funcionarios provinciales tomaron el control y el maíz fue cosechado y sacado del campo, lo que motivó la denuncia judicial de Vaira e Ingaramo. “Cortaron los candados e ingresaron, dijeron que es del Gobierno y que les correspondía la posesión. Contratan a una persona de Buenos Aires que cosecha y el grano desaparece sin que exista ninguna constancia contable oficial”, dijeron.

Según publicaciones de la Agencia San Luis de mayo de 2024, “la provincia evitó la usurpación” del campo después de haberlo “recuperado” un mes antes. “Nos enteramos ayer que habían cambiado el candado, nos avisó la persona que está encargada del cuidado del campo, que no pudo ingresar. Inmediatamente el doctor Darío Oviedo radicó la denuncia policial y volvimos para evitar la usurpación de esta propiedad del Gobierno que ha sido objeto de una conducta violenta que naturalmente vamos a desterrar. Esas son las instrucciones del gobernador Claudio Poggi. Por eso nos vinimos al sur de la provincia para realmente tomar posesión, como ya la teníamos, pero que fue perturbada por personas que desconocemos. Naturalmente a partir de ahora se inicia una investigación policial y judicial”, dijo Bazla entonces.

Hace tres semanas, Bazla fue imputado como presunto autor de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica, estafa procesal, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, peculado y hurto.

El fiscal Leandro Estrada sostuvo que se realizaron actos de disposición de la cosecha sin respetar los procedimientos administrativos establecidos, lo que habría generado un perjuicio al Estado provincial. En ese sentido, indicó que se habrían vulnerado normas previstas en la Ley de Contabilidad en relación con las contrataciones.

De acuerdo a la acusación, tras la recuperación del campo por parte del Gobierno provincial en 2024, Bazla habría intervenido en contrataciones para la cosecha de maíz sin cumplir con los mecanismos legales correspondientes, alterando la situación patrimonial del predio. La defensa del exfuncionario rechazó las acusaciones de las querellas y planteó la nulidad de lo actuado por supuesta vulneración del derecho de defensa, argumento que fue desestimado por el juez interviniente.

Después de imputado, Bazla renunció a su cargo con una carta dirigida al gobernador Claudio Poggi: “Motiva la presente, la necesidad de ejercer mi derecho de defensa frente a una serie de decisiones judiciales y medidas de coerción dirigidas contra mi persona, pero que entiendo no sólo me afectan en lo personal, sino que, bajo ningún punto de vista, quisiera que lo propio dañara la impecable gestión de gobierno que Ud. encabeza y menos aún, su lucha contra la corrupción y el claro objetivo de recuperar la institucionalidad de nuestra provincia”.

Qué dice el Gobernador

“Nosotros tomamos las medidas de desafectar a un funcionario y someterlo a investigación. Ahora la Justicia consideró que el doctor Bazla debe también ser investigado, y soy respetuoso de las acciones judiciales, y me parece bien”, planteó Poggi.

Consideró que la Justicia debe hacer “una investigación mucho más amplia, porque en definitiva de ese campo que la provincia recuperó en el 2017, y no sabemos qué pasó con lo producido ahí en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023”.

Señaló que hasta ahora la investigación judicial “fue bien rápida, aunque falta completar los siete años anteriores cuando el gobernador era otro. Me sorprendió la velocidad con que se abordó este tema y no se abordaron los siete años anteriores que el campo estaba en la misma condición”.

Añadió que es “respetuoso de la Justicia y ese es uno de los cambios que votó la ciudadanía de San Luis. El cambio está en que automáticamente el funcionario mismo se retira del Gobierno para defenderse como corresponde, no se cubre a nadie”.

Los querellantes aseguran que hay audios -que circularon en redes sociales- de una persona identificada como asesor, presuntamente vinculada a funcionarios provinciales, sugiriendo formas de comercializar el maíz sin dejar registro contable. Por estos presuntos delitos la denuncia escaló al fuero federal, que investiga una posible evasión fiscal agravada.

La Nación – Gabriela Origlia