El encuentro de la Mesa de Enlace con Iraeta se inscribe en el contexto de la buena sintonía que los dirigentes rurales vienen teniendo con el gobierno de Javier Milei. En rigor, se vienen manteniendo reuniones de “seguimiento” de los distintos temas de la actividad. El año pasado los dirigentes de las entidades que la conforman, Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también tuvieron una reunión con el secretario de Agricultura en el marco de Expoagro.

Según contaron en la Mesa de Enlace, en el rubro de la infraestructura la dirigencia espera hacer “hincapié” en el tema. Sabido es que al sector le preocupa contar con buenas rutas y caminos para trasladar la producción no solo la actual sino la futura de mayor producción si se cumplen distintas proyecciones de crecimiento. Hay expectativa por la marcha de las licitaciones del gobierno nacional. El Gobierno ya entregó el corredor que circula por sobre las rutas 12 y 14, además del tramo que explota el puente Rosario - Victoria.

Por otra parte, en la Mesa de Enlace siguen con atención la reforma que el Gobierno quiere hacer en el INTA con cierre de agencias de extensión, posibles ventas de tierras y nuevos retiros de personal que, en este caso, podrían implementarse desde el mes próximo.

Semillas

En este marco, el tema semillas cobra un especial relieve. El acuerdo con los Estados Unidos contempla la adhesión a UPOV 91, un convenio internacional en semillas que, a los ojos del gremialismo rural, le da más poder a la industria semillera en materia de propiedad intelectual. Desde hace años la industria semillera quiere que se introduzcan restricciones en el uso propio, hoy permitido por la ley de semillas vigente desde 1973. Por el uso propio un productor que cosechó soja se puede guardar una parte para usar en la siguiente campaña como semilla.

Desde noviembre del año pasado, en la Mesa de Enlace se viene trabajando en un borrador de propuesta para una nueva ley de semillas. Los tiempos se aceleraron luego de que el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso dijera que se impulsará un “régimen de derecho de propiedad a los innovadores en semillas”. Esa frase fue interpretada en el agro como una señal de que se buscará vía ley la adhesión a UPOV-91. La dirigencia rural cree, en tanto, que no adherirse a ese tratado, y permanecer en el actual UPOV 78 sería lo más conveniente incluso para reconocer los derechos de propiedad intelectual en semillas.

Según pudo saber este medio, en los últimos días desde el Gobierno llegó a la Mesa de Enlace el mensaje de que, si los dirigentes quieren presentar una propuesta propia, lo hagan. Algunas fuentes hablan de que hubo contactos con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. En este marco, trascendió que lo que es un borrador podría terminar de presentarse el mismo martes a Iraeta. Pero falta, según dijeron diversas fuentes, el visto bueno de Coninagro. Sucede que esta entidad, además de productores, tiene una pata de la industria semillera con la poderosa Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Consultadas fuentes del gremialismo rural sobre si la propuesta verá la luz el martes, indicaron: “No lo tenemos definido aún”.

Por lo pronto, según el borrador que se trabajó en la Mesa de Enlace, y que tiene aportes de experiencias de países vecinos como Uruguay, se plantea un uso propio oneroso, mediante el pago de una retribución al obtentor. También el uso propio gratuito. Por este se interpreta “cuando el productor titular de la explotación agrícola posea una superficie total sembrada igual o inferior a quinientas (500) hectáreas, alcanzando dicha gratuidad a todas las variedades protegidas”. Según se agrega, “el título por el cual el productor posea el uso y goce de esas 500 hectáreas es indistinto a los efectos de la presente”.

El borrador habla de un uso propio incremental sobre la superficie base y también del tiempo a pagar sobre la compra original de la semilla fiscalizada. El borrador menciona que “será opción del productor, en lugar de pagar por el uso propio oneroso en cada multiplicación...pagar por las 3 multiplicaciones el momento de la compra de la bolsa, lo que finaliza con sus obligaciones e implica la liberación del pago por el uso propio oneroso”.

En resumen, según averiguó este medio, el esquema de semillas que se trabajó en la Mesa de Enlace propone que el productor pueda guardar y volver a sembrar la semilla de soja, trigo u otras autógamas adquirida legalmente pagando un valor previamente acordado con el vendedor por hasta tres multiplicaciones, con un precio fijo establecido al momento de la compra y sin fórmulas variables.

Se explicó que el productor también podrá optar por pagar de una sola vez, al comprar la bolsa, el total correspondiente a esas tres multiplicaciones y quedar liberado de pagos futuros.

La cifra de las 500 hectáreas

Los productores que siembren hasta 500 hectáreas con semilla fiscalizada, se detalla, mantienen el derecho al uso propio gratuito sobre esa superficie inicial durante tres campañas.

No obstante, según el espíritu del borrador que se trabajó en la agrupación ruralista, si mediante multiplicación el productor termina sembrando una superficie mayor a la originalmente cubierta por la compra —por ejemplo, compra semilla para 100 hectáreas y luego siembra 500— las 100 hectáreas iniciales mantienen el beneficio de gratuidad mientras que por las 400 hectáreas adicionales deberá abonar un canon por uso incremental cada vez que utilice esa semilla.

La iniciativa contempla la aplicación de la normativa desde el Instituto Nacional de Semillas (Inase), la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y abre la puerta para que a CRA, la SRA, Coninagro y Federación Agraria se les reconozca una legitimación para “a) interponer denuncias y acciones ante la Autoridad Nacional de la Competencia (Ley N° 27.442) por actos que afecten la libre concurrencia, transparencia de precios o impliquen abuso de posición dominante en el mercado de semillas y biotecnología, b) iniciar acciones judiciales ante los juzgados federales o provinciales competentes con el objeto de declarar la nulidad de cláusulas abusivas, solicitar medidas cautelares o reclamar la reparación de daños colectivos derivados de la aplicación de la presente ley”.

La Nación – Fernando Bertello