Según detalló la FAA, un informe técnico elaborado a partir de datos oficiales del propio municipio —correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y el período en curso— descarta que exista un desfinanciamiento estructural del sistema vial.

Sin embargo, el documento sí pone en evidencia otra falencia: “la ausencia de información clara, consolidada y accesible que permita conocer cuánto se recauda anualmente por la Tasa de Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial y cómo se ejecutan efectivamente esos recursos”.

Para la entidad, el eje del conflicto es la opacidad. “Este déficit de transparencia se vuelve aún más grave” al considerar que en junio de 2025 se presentó formalmente un pedido de informes e investigación sobre el uso de la tasa vial correspondiente al período 2019–2023 —durante la gestión del intendente Mariano Barroso— y que, a comienzos de 2026, “ese pedido continúa sin respuesta”.

Emergencia hídrica y una ordenanza “desnaturalizada”

El escenario se complejizó aún más en el marco de la emergencia hídrica declarada oficialmente en el distrito desde el 1 de mayo de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.

En ese contexto, en diciembre del año pasado el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que buscaba aplicar a la tasa vial el mismo criterio utilizado por Nación y Provincia en situaciones de emergencia, con el objetivo de aliviar la carga económica de los productores afectados.

No obstante, desde la FAA aseguran que, al momento de reglamentarla, el Ejecutivo municipal “desnaturalizó su espíritu”.

Según explicaron, el beneficio se otorgó únicamente para la primera cuota de la tasa vial y se excluyó a productores que registraban deudas.

“La mayoría de los casos, esas deudas se generaron durante el propio período de inundación, cuando no era posible sacar cereal ni vender animales para generar ingresos”, remarcaron. Para la filial, la decisión desconoce la realidad productiva atravesada por el sector durante meses de caminos anegados y campos aislados.

Productores que hacen de estado

Mientras los expedientes no avanzan y las respuestas oficiales no llegan, en el territorio la urgencia no admite dilaciones. Según describió la entidad federada, los productores debieron resolver los problemas de transitabilidad con recursos propios y de manera colectiva.

“Se contrataron maquinarias de forma privada, se aportó combustible, se compraron caños para alcantarillas y se realizaron cesiones de paso por los campos para permitir la circulación”, detallaron.

Todo ese esfuerzo, subrayan, fue asumido “de manera privada, supliendo en los hechos la ineficiencia del Estado municipal, sin reconocimiento institucional ni reflejo alguno en las rendiciones oficiales”.

El mensaje es contundente: cuando el Estado no llega, los vecinos se organizan. Pero esa respuesta solidaria no exime al municipio de su responsabilidad primaria sobre la red vial.

Confianza en juego

Para la FAA 9 de Julio, el trasfondo del conflicto es la erosión de la confianza pública. “Cuando las rendiciones no se muestran, los pedidos de informes no se responden y las ordenanzas se reglamentan en sentido contrario a su espíritu, la confianza pública se erosiona”, afirmaron.

La entidad también dejó planteada una preocupación de mayor alcance: “Cuando el Estado parece más preocupado por recaudar que por comprender la realidad de quienes sostienen la economía local, la duda sobre la honestidad en el manejo de los fondos públicos se vuelve inevitable”.

En un distrito donde la producción agropecuaria es columna vertebral de la economía, el reclamo por caminos transitables y cuentas claras no es menor. La tasa vial está creada, los recursos se recaudan y la emergencia fue reconocida oficialmente. Lo que hoy está en discusión, advierte la FAA, es si esos fondos llegan efectivamente al destino para el que fueron concebidos.

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