En los últimos días, un episodio judicial volvió a poner el foco sobre la fragilidad financiera de la sociedad argentina. A partir del reclamo de un acreedor por un pagaré impago de u$s106.417, la Justicia ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Bioceres S.A. en entidades como Santander, BBVA, Mariva y Supervielle. Las respuestas de los bancos fueron elocuentes: la empresa tenía apenas $550.000 disponibles en total.

Según las actuaciones judiciales, Supervielle y Mariva informaron que no había saldo en las cuentas, mientras que Santander retuvo $812 y u$s34, y el BBVA $498.040. Al mismo tiempo, los registros del Banco Central muestran que Bioceres S.A. mantiene una deuda de $7.151 millones con Santander, clasificada en categoría 3 (“con problemas”), y otros $15 millones con BBVA.

Frente a ese escenario, los socios de Bioceres S.A. resolvieron el 20 de enero avanzar con el pedido de quiebra, luego de que el grupo decidiera el año pasado desprenderse de esa sociedad, concentrando allí los pasivos y dejándola sin activos operativos relevantes. La maniobra buscó aislar a Bioceres Crop Solutions y al negocio industrial de los problemas financieros locales, pero abrió un frente de conflicto con inversores que habían comprado instrumentos de deuda de la firma argentina bajo el paraguas del grupo.

Mientras BIOX intenta sostener su cotización en el Nasdaq y evitar una salida forzada del mercado, Bioceres S.A. transita un camino judicial incierto. La fractura entre ambas realidades resume el momento que atraviesa uno de los proyectos más emblemáticos de la biotecnología argentina, hoy atrapado entre la presión financiera local y la desconfianza creciente del mercado internacional.

Ámbito Financiero – Yanina Otero