Detrás de esa merma física aparece el golpe económico. La facturación que el campo de 9 de Julio esperaba generar en la campaña era de 283,7 millones de dólares. Con las inundaciones, cayó a 169,7 millones. La diferencia es de 113,9 millones de dólares menos que dejaron de circular en la economía local. No solo puertas adentro de los campos, sino en talleres, comercios, estaciones de servicio, transportes y pueblos que viven del movimiento que genera el agro.

Para dimensionar la magnitud del golpe, las entidades llevaron esos 113,9 millones de dólares a equivalencias concretas. La pérdida es similar a no vender 4.665 autos Toyota Yaris, a dejar de comercializar 18 millones de bolsas de cemento, a que 17.223 camiones menos viajen al puerto. Pero quizá el dato más sensible para el debate público aparece cuando se mira la caja estatal. El Estado deja de recaudar 30,4 millones de dólares solo en concepto de retenciones como consecuencia directa de esta caída productiva.

Es decir que la falta de obras hidráulicas, de mantenimiento adecuado de los sistemas de drenaje y de una política sostenida de infraestructura no solo arrasó con campos y producción. También vació de recursos al propio Estado, que hoy se queda sin una recaudación que hubiera existido si el agua no hubiera hecho estragos.

Y hay otra equivalencia que termina de pintar el drama social, y es que las pérdidas totales son comparables a 115.706 sueldos promedio del distrito. Ese es el dinero que no ingresó a la comunidad por culpa de un fenómeno climático que, según vienen denunciando los productores desde hace meses, se agrava por la desidia y la falta de respuestas estructurales.

En 9 de Julio el agua todavía no se fue del todo. Pero los números ya dejaron en claro que el costo de no hacer las obras no lo pagan solo los productores: lo paga toda la sociedad. Y también el Estado, que resigna millones de dólares de recaudación mientras la infraestructura sigue esperando.

Bichos de Campo