Vale recordar que Nicolás Bronzovich, el presidente del INTA que se ha puesto arriba del hombro este proceso de ajuste, nunca presentó públicamente el plan estratégico que supuestamente elaboró para modernizar el INTA y que prometió contar a Bichos de Campo en febrero de este año. Por eso, toda la agenda se resume a un intento de ajuste que está muy lejos de los debates que se deben producir en torno a este tipo de instituciones en todo el mundo.
En este contexto, cambia el ropaje, pero no las intenciones. Y al parecer el gobierno sigue teniendo los mismos objetivos que nos trajeron hasta aquí y que nos han hecho perder tanto tiempo.
Según distintas versiones, en esta nueva reunión del Consejo Directivo (el cual está rengo, porque faltan los representantes de CRA y la Facultad de Veterinaria) el gobierno presentará “sobre tablas” (es decir, fuera del temario previsto) una nueva propuesta de “modificación de la estructura organizativa del INTA” que, en el fondo, no apuntaría a otra cosa que a lograr los mismos objetivos: desprenderse de personal y poner campos a la venta. En este contexto, el gremio Apinta ratificó que está en alerta.
La iniciativa -según las fuentes- incluye cambios de las estructuras vigentes, la unificación de varias regionales actuales en unas pocas macro-regiones, y la creación de una suerte de “coordinación nacional regional” de la cual dependerían jerárquica y funcionalmente los Centros Regionales y Centros de Investigación. También se habla de la supresión de tres de estos centros que agrupan la investigación dentro del INTA.
En los hechos, estos sería una gran reforma administrativa para lograr lo que los libertarios no han podido hasta ahora, que es diluir el poder del director nacional del INTA elegido por concurso, y que representa a los “inteanos” puros, es decir la línea histórica de investigadores. Actualmente ese cargo está en poder de Ariel Pereda, quien por ley tiene la función de “ejecutar” las órdenes que emanen del Consejo Directivo. El funcionario fue despedido por Economía porque se oponía al ajuste propiciado por Bronzovich, pero recuperó su cargo luego de que el Congreso derogara el decreto de intervención.
Luego hay otro punto del nuevo ropaje que apuntaría a lograr una “estandarización” de las estructuras internas, un eufemismo que podría esconder una nueva tanda de despidos, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y fusiones. Aquí los rumores hablan de la necesidad de reducir por distintas vías en 1.700 personas más una plantilla de personal que ya se redujo en 800 personas desde que arrancó esta gestión. En diciembre de 2023 el INTA tenía 6.600 trabajadores y ahora quedan 5.800.
La verdadera intención de esta nueva reforma, según las fuentes, “es poder pasar a disponibilidad personal”, como ya se intentó a mitad de año.
“La propuesta es que el personal afectado en las estructuras estandarizadas de los Centros Regionales y Centros de Investigación sería invitado a adherirse al programa de retiro voluntario, junto con el resto del personal del organismo y que, el personal perteneciente a las áreas alcanzadas por la eliminación de estructuras pasará a disponibilidad”, amplió el informante.
En la nueva vestimenta que propone Bronzovich para el mismo ajuste que no se pudo realizar hasta ahora, los Centros de Investigación se achicarían de 6 a 3, habría 4 macro regiones (NOA, NEA, Centro y Sur) para distribuir los 15 centros regionales que existen en la actualidad, y desaparecerían los programas o proyectos de alcance nacional.
Además, el INTA perdería cualquier matiz que recuerde que en la agricultura existen también los pequeños productores. A la eliminación ya consumada de la EEA AMBA (que se ocupaba de la llamada agricultura periurbana) se le sumaria la del CIPAF (que creaba tecnología específica para los pequeños productores). El CIEP (Centro de Investigación en Economía y Prospectiva) se podría mantener, pero el Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP) se podría fusionar con el Centro Nacional de Investigaciones (CNIA)
La frutilla del postre es que el representante de La Libertad Avanza (LLA) insistirá en el cierre de 293 Agencias de Extensión Rural desplegadas por todo el territorio, que serian reemplazadas por mecanismos de transferencia tecnológica digital a cargo del sector privado.
La reorganización que impondría el nuevo ropaje no solo queda así, sino que apunta al resto de las estructuras del Grupo INTA, que incluye a INTeA (empresa dedicada a transferir las tecnologías al sector privado), la Fundación ArgenInta y las cooperadoras de todas las experimentales del país.
En este sentido, las propuestas oficialistas serían transferir las acciones en manos del Estado, tanto en INTEA como en la Fundación, a los socios privados, que son las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, o directamente se apunta a la liquidación de estructuras compartidas con el sector productivo.
-¿Y qué pasa con la venta de campos?, preguntamos a nuestros informantes.
-Lógicamente la agenda de hacer negocios con las tierras continua. Está bajo análisis de venta unas 25.000 hectáreas.
Este sería la agenda que, con una nueva vestimenta supuestamente más dialoguista y democrática, insistirá en colocar el gobierno de Milei en la nueva reunión del Consejo Directivo que se realiza este jueves. Allí, sin dos representantes de dos organizaciones que usualmente pusieron reparos a este tipo de propuestas, sesionarán 8 miembros y el gobierno podría obtener las mayorías que necesita, pues además de sus tres votos propios hay entidades de la Mesa de Enlace que apoyan activamente estos objetivos.
La angustia de los trabajadores, que vuelven a declararse en estado de alerta
La noticia, a esta altura de los acontecimientos, no es que los trabajadores del INTA estén angustiados porque no saben qué va a suceder con su futuro laboral inmediato: hace más de un año que el gobierno de Javier Milei amaga con que quiere echar a cientos de ellos para reducir costos. La noticia, en este marco, tampoco es que los gremios se hayan vuelto a declarar en estado de alerta y movilización frente a nuevos rumores de achicamiento.
La verdadera noticia aquí es que Nicolás Bronzovich, el presidente del INTA, sigue sin dar una sola pista de lo que el gobierno de Javier Milei quiere hacer en ese organismo. Por el contrario, cada vez que algún trabajador lo encara para preguntarle eso tan elemental, el funcionario solo calla y pone “cara de piedra”.
Luego de soportar el último año varios de estos episodios e incluso escraches, Bronzovich debería sin duda ser nombrado capitán del seleccionado nacional de funcionarios inmutables e insensibles: no se le escapa ni una sola mueca.
Volvió a suceder ayer en la sede central del INTA, donde en medio de rumores y trascendidos sobre nuevos planes oficiales para llevar a cabo el ajuste en dicho organismo se producía una reunión del Consejo Directivo Nacional. Se trata de la máxima autoridad política en ese instituto, formada por funcionarios, académicos y representantes rurales. El gobierno de Milei, con Bronzovich como principal espada, intentó primero destituirlo mediante un decreto que luego fue anulado por una ley del Congreso.
En ese contexto, delegados gremiales de ATE y de APINTA, los dos gremios con acción dentro de esa compleja estructura, pidieron reunirse con Bronzovich para tener de su mano algún dato certero sobre su futuro cercano, ya que las versiones hablaban que se iba a poner a votación del Consejo un nuevo plan de “reorganización”, que podría facilitar el pase a disponibilidad de 1.700 agentes, además de los 800 que ya dejaron sus puestos desde diciembre de 2023.
Un video grabado y distribuido por ATE mostró lo sucedido en parte de esa reunión, de la que los delegados informaron después no se llevaron ninguna definición de quien a esta altura debe ser considerado como el campeón nacional de los cara de piedra. Es que Bronzovich ya superó varias de estas reuniones con el personal, y no se le ha caído definición alguna, y mucho menos algún gesto comprensivo para con la angustia de quienes dependen de él.
Antes de la reunión del Consejo Directivo, Bronzovich recibió una nota de parte de Paulo García, secretario de Prensa y Organización de APINTA, y de José Perea, delegado de ATE en el INTA Castelar:
En el caso de APINTA, la carta dirigida al presidente del INTA y a todos los integrantes del Consejo Directivo, “restaurados en sus funciones naturales de conducción del organismo, de las que habían sido destituidos recientemente por el Poder Ejecutivo”, recordó que además de la ley dictada por el Congreso -que devolvió al INTA su autarquía- está vigente una medida cautelar de la justicia dictada el 20 de agosto (expediente 33664/2025 del Juzgado Federal de San Martín 2), que prohíbe al gobierno hacer modificaciones administrativas por un plazo de 180 días.
“Desde APINTA rechazamos totalmente el desguace y destrucción del INTA. Este tipo de medidas degradantes para INTA, urdidas por las autoridades del gobierno de turno (el mismo que los depuso como consejeros) nada tienen que ver con los objetivos de innovación desarrollo de nuestra institución. De allí que se traman al margen del Consejo Directivo y le son impuestas a este, como hecho consumado para salvar las apariencias institucionales”, indicaron los gremialistas.
Bichos de Campo – Matías Longoni