En un comunicado, la entidad recordó que estas reuniones zonales de dirigentes fueron definidas en el último Consejo Directivo, realizado en Bolívar, con el fin de poder analizar y debatir acerca de las acciones a seguir frente a la permanencia de las retenciones, la alta presión tributaria, la paralización de obras de infraestructura en la provincia y la poca o nula rentabilidad que existe en el sector agrícola.
Durante el encuentro se abordarán también los márgenes del negocio agropecuario, que cada vez son más estrechos frente al aumento sostenido de los costos. “El incremento en los precios de los insumos impacta directamente en la ecuación productiva”, advirtió Kovarsky.
Otro eje que se abordará será la preocupación que tienen en la región por el deterioro y la falta de la infraestructura rural, que ya reporta situaciones críticas en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. “Se señalarán como ejemplos emblemáticos los municipios de 9 de Julio, Carlos Casares y Pehuajó, donde el deterioro de los caminos rurales — por el abandono municipal y provincial — impide la circulación de productores, docentes y vecinos", aclaró el dirigente.
Además, en ese contexto, explicaron que también se discutirán aspectos relacionados con las modificaciones de organismos del Estado, de alta influencia en el sector, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase), entre otros, y la necesidad de mejoras de funcionamiento de otros como el Senasa.
Vale recordar que, la semana pasada, el gobierno nacional confirmó la reforma del INTA, que de organismo descentralizado con autarquía pasó a ser un ente desconcentrado, con dependencia total de la Secretaría de Agricultura. Además, ratificó, entre otras medidas, la disolución del Inase. Los anuncios fueron oficializados con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 462/2025.
Según había argumentado en conferencia de prensa Manuel Adorni, la planta del INTA había crecido un 100% en los últimos 20 años. El mismo destino tuvo el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que ahora tendrá acotadas sus funciones. Este pasará a depender de la Secretaría de Industria y Comercio y mantendrá su nombre. En el Gobierno argumentaron un supuesto crecimiento desmedido del plantel de personal, con una estructura excesivamente fragmentada y con áreas de soporte que absorben una proporción desproporcionada de recursos humanos.
La Nación – Belkis Martínez