Jueves, 27 Febrero 2020 03:00

El Gobierno cerró el registro para exportar soja y avanzó en la suba de las retenciones

El Gobierno resolvió cerrar ayer el registro para inscribir exportaciones de granos, conocido como declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE), lo cual significa que es inminente una suba de las retenciones para la soja, del 30% al 33%, como había trascendido el fin de semana pasado. En una comunicación al sector exportador a través de su página en internet, el Ministerio de Agricultura informó que el registro estará cerrado temporariamente.

La medida causó fuerte malestar y sorprendió a la Mesa de Enlace, que tiene prevista una reunión hoy, a las 16.30, con el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que integra esa organización, calificó de “traición” lo dispuesto por el Gobierno.

Diversos cálculos privados indican que el Gobierno podría recaudar entre 400 y 513 millones de dólares extras al elevar tres puntos los derechos a la exportación de soja, el principal cultivo del país como generador de divisas.

La información sobre el cierre del registro para exportar circuló como reguero de pólvora por diferentes grupos de WhatsApp de productores, técnicos y expertos del mercado y generó conmoción. Así como el Gobierno podría recaudar entre 400 y 513 millones de dólares adicionales con este incremento de los derechos de exportación, en el sector alertan por un impacto negativo en la producción, como una baja de unas 400.000 hectáreas en la próxima campaña de siembra de soja 2020/2021.

En este contexto, la Mesa de Enlace, que hoy tiene cita a las 16.30 con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, insistirá en el rechazo a la suba y reclamará un cronograma de reducción de los derechos de exportación.

Sobre esto pondrán foco los ruralistas de la agrupación que integran Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA). Algunos ya hicieron contacto con el ministro para expresarle el rechazo del sector a más retenciones. “Se le transmitió al ministro que con el 33% es inevitable el conflicto. Pedimos algún cronograma de rebaja porque con esto no paramos a la gente; vamos al conflicto directo”, señalaron fuentes de la Mesa de Enlace.

Los productores, muchos autoconvocados que no responden a las entidades tradicionales, vienen realizando asambleas y tractorazos en el interior para hacer visible el descontento por las retenciones. En varias de esas movilizaciones hay una confluencia con productores de las entidades. Anoche se hizo un encuentro en Charata, Chaco; el sábado productores cordobeses realizarán un tractorazo en Bell Ville, y el lunes próximo en Tucumán se iniciará un cese de comercialización por una semana. Además, el 10 de marzo productores del norte harán una marcha denominada “casillazo”, con camionetas y casillas rurales, que terminará al día siguiente en San Nicolás para una asamblea nacional.

En todas las movilizaciones se expresó un rechazo a cualquier suba de las retenciones y un pedido de un cese de comercialización a nivel nacional. La Mesa de Enlace estaba evaluando eso la semana pasada, pero lo frenó a la espera del encuentro con Basterra.

Presión impositiva

Los ruralistas insisten en que el campo ya aportó, solo por retenciones, unos US$100.000 millones desde 2002. La previsión es que este año, según cálculos de Néstor Roulet, productor, el Estado podría quedarse con US$7200 millones, esto es considerando una eventual mayor presión impositiva.

Diversos estudios advierten que una suba de las retenciones golpeará a las zonas más alejadas de los puertos y terminarán cayendo tanto la inversión como el área sembrada. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima que podría haber una retracción de 400.000 hectáreas en la siembra de soja en la próxima campaña.

La Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja) advirtió: “Esta medida desesperada iría en el sentido contrario de lo que necesita el país: es decir, salir de la crisis apuntando al crecimiento de su producción, el agregado de valor y a un desarrollo sustentable de su economía que permita generar más empleos, exportaciones y recursos genuinos a la economía”, indicó Acsoja.

En las concentraciones en el interior no solo se expresa el rechazo a más retenciones, sino a la mayor presión impositiva en general. En el sector señalan que ya pagan, si bien no son todos los mismos en todas las provincias, un total de 36 tributos. Son 16 nacionales, más 13 provinciales y 7 municipales.

Según trascendió, el Gobierno mantendría los derechos al trigo y el maíz, hoy en 12%, en tanto que avanzaría en definiciones para las economías regionales. De acuerdo con la ley de emergencia económica que aprobó el Congreso en diciembre pasado, las economías regionales no deben superar el 5%.

En la actualidad, según un relevamiento de la Federación Agraria Argentina, casi todas las frutas –limón, uva, manzana, pera, ciruela, berries–, jugos, quesos, verduras y hortalizas, frutos secos, vinos, aceite de oliva y cueros, entre otros productos, pagan el anterior esquema de retenciones de $3 por dólar, cuya alícuota efectiva termina siendo hoy, por las sucesivas devaluaciones, del 5% o algo menos según los productos.

En tanto, miel, legumbres, leche en polvo, arroz y pasta de madera, entre otros productos, pagan el 9%. En esta línea, una eventual baja a 5% se sentirá más sobre estos casos antes que el resto de los productos, que ya tienen una tasa efectiva del 5% o cercana a ella.

La Nación - Fernando Bertello

 

El Gobierno intenta contener el malestar del sector

Alberto Fernández pretende, fiel a su estilo, realizar una misión casi imposible: aumentar las retenciones a la soja sin romper con el campo. Esto es porque el Gobierno necesita recaudar más, para buscar una disciplina fiscal en un contexto de fuerte escasez. Pero tampoco puede tensar la cuerda al punto de paralizar a un sector que tiene rentabilidad en dólares y que es clave para motorizar la economía.

El ministro de Agricultura, Luis Basterra, estuvo ayer a primera hora en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estudiando los cambios en las retenciones, que ya se dan como un hecho. El Gobierno dejó trascender que habrá un esquema de “segmentaciones y compensaciones”. El objetivo de máxima de la Casa Rosada es aumentar las retenciones sin que baje la productividad del sector. Un camino que, advierten las entidades rurales, no será aceptado por los productores.

Para conseguir ese delicado equilibrio, el Gobierno se propuso, por un lado, presentar el cambio en el esquema de retenciones como una iniciativa “redistributiva” y progresiva, donde “ponen más los que más tienen” (los sojeros), pero al mismo tiempo se compensa a las economías regionales y otros cultivos. Según trascendió, las retenciones a la soja aumentarían del 30% al 33%.

El otro condimento que pretende Fernández para avanzar en son de paz es el cuidado de las formas. Presentar la medida no como una imposición, sino como el producto de una negociación. Dar apariencia de diálogo.

Por eso, ayer en el Gobierno aseguraban que no oficializarían anuncios antes de que Basterra reciba, hoy, a la Mesa de Enlace.

“Va a haber margen de negociación, el Gobierno no va a romper los puentes de diálogo”, aseguraban ayer al mediodía fuentes oficiales a la nacion. El titular de Agricultura entró en una suerte de veda en las últimas horas: la Casa Rosada definió que el ministro no haga declaraciones públicas antes de hablar con las entidades agrarias.

Negociación embarrada

El problema es que ayer el Gobierno cerró el registro para exportar, las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE), y el campo leyó, sobre la base de los hechos, que el aumento a las retenciones es inminente y que está todo dado para que salga en el Boletín Oficial. Fue una señal inequívoca para las entidades agrarias, que entendieron que el Gobierno comenzó a ejecutar la medida antes de conversar su contenido. Y la negociación se embarró.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad integrante de la Mesa de Enlace, calificó de “traición” el cierre de las DJVE. “En el día de la fecha han sido suspendidos los registros de exportación, medida que sorprende y deja una profunda sensación de engaño, porque mientras se espera para dialogar, se toman decisiones que no tienen retroceso”, dijo la entidad (ver esta página). “Es tiempo de tratar al sector productor sin chicanas y sin falsas reuniones sobre decisiones ya tomadas”, enfatizaron desde la entidad que preside el entrerriano Jorge Chemes.

El comunicado, según pude reconstruir LA NACION, cayó muy mal en el Gobierno. Ayer por la tarde, Basterra hizo trascender, en conversaciones telefónicas informales con las entidades agrarias, que un texto de ese tipo, que habla de traición, “complica el camino del diálogo”.

La tensión escaló, pero la reunión de hoy con el ministro de Agricultura sigue en la agenda para ambas partes. Se intentará contener el conflicto, en un clima tenso.

La relación con el campo tiene una huella política importante para el Presidente. En 2008, cuando estalló la relación entre la gestión de Cristina Kirchner y las entidades agrarias, Fernández, como jefe de Gabinete, había intentado, casi en soledad, contener a la Mesa de Enlace.

La Nación - Maia Jastreblansky